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Las deudas son de nosotros, las vaquitas son ajenas

Las políticas económicas de la última dictadura, aplicadas primero por José Alfredo Martínez de Hoz y luego por Lorenzo Sigaut, se basaron en un modelo de especulación financiera que aumentó la deuda externa en un 449%: pasó de 8,2 mil millones en 1976, a 45 mil millones en 1982.

A comienzos de 1976 se congelaron los salarios, se eliminaron los sistemas de control de precios y se incrementó el tipo de cambio, lo que produjo un rápido deterioro del 30% del salario real de las clases trabajadoras. A su vez, se sancionó una nueva ley de entidades financieras que permitía la libre movilidad de los capitales; y con el pretexto de controlar la inflación, se abrió la economía y se bajaron aranceles.

La política económica de la dictadura fue dejar de lado la actividad productiva y volcarse al crédito internacional, lo que se conoció como la “bicicleta financiera”, que consistía en obtener dólares a una baja tasa de interés en el mercado internacional, colocarlos en el mercado interno con un diferencial de tasas de interés –en relación a la tasa internacional-, para luego reconvertir dichos créditos nuevamente a dólares y retirarlos del país.

Fue hacia fines de la dictadura, el 17 de noviembre de 1982, cuando se llevó a cabo la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados: la deuda estatizada ascendía a USD 14.5 mil millones. Según el Museo de la Deuda, de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas.

Al finalizar la dictadura, la deuda había aumentado un 449%: pasó de 8,2 mil millones en 1976, a 45 mil millones en 1982.

Entre otras cosas, la dictadura tomó préstamos para obras faraónicas (como las del Mundial ́78), para comprar armas o directamente para que los bancos privados hicieran sus negocios (la “bicicleta financiera). Endeudó a empresas por entonces estatales como YPF y en 1982, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, “estatizó” la deuda privada de numerosas empresas privadas (locales y extranjeras).

Dictados del FMI

A partir de 1976, el plan neoliberal de la Dictadura, se caracterizó por reducir los niveles de proteccionismo industrial, mientras que, de manera paralela, se encaró un proceso de apertura para la llegada de los capitales extranjeros. Es conocida la famosa tablita, instrumento donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día en los siguientes ocho meses. Durante esos años, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada y el peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de la dictadura.

A diferencia de otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina el crédito internacional se utilizó principalmente con fines especulativos.

Tras la renuncia de Martínez de Hoz (que había sido puesto en ese lugar por recomendación del banquero estaodunidense David Rockefeller), por llevar al colapso la economía argentina, el 29 de marzo de 1981 asumió Lorenzo Sigaut, que dispuso una nueva devaluación que provocó que el Peso perdiera un 35% de su valor respecto al dólar, mientras el PBI caía un 6% interanual y los precios aumentaron un 155%.

Un año después, el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina, Domingo Cavallo estatizó 17.000 millones de dólares de deuda externa privada: la deuda de diferentes empresas como Alpargatas S.A., Grup Macri, Banco Francés del Río de La Plata, Banco de Galicia, Bunge y Born S.A, Grafa S.A, Molinos de Río de La Plata, Loma Negra S.A, Ledesma, Pérez Companc S.A, Acindar S.A fue estatizada, liberando de este modo a las empresas deudoras, lo que le sumó al Estado compromisos por más de 5000 millones de dólares.

Deuda ilegítima

Fue el abogado Alejandro Olmos, quien años más tarde investigaría la deuda fraudulenta de la Dictadura y llegaría a un juicio que terminó con un fallo ejemplar en 2000, cuando se reconoció el carácter ilegal de todo el proceso de endeudamiento que comenzó en 1976.

Durante una causa federal caratulada bajo el nombre de Olmos Alejandro, que recayó en el juez Jorge Ballesteros, se determinó la existencia de al menos 467 ilícitos vinculados al endeudamiento externo en la época militar:

“La deuda externa ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueron explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresa y negocios privados –nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado, que a través de una política dirigida, se fueron emprobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”, se leyó en el Fallo Judicial del Juez Ballesteros.

A partir de 1983, los distintos gobiernos que le sucedieron a la dictadura reconocieron el total de esa deuda fraudulenta y procedieron a pagarla, lo que no impidió que el endeudamiento continuara creciendo exponencialmente.

Inés Hayes es Periodista, docente universitaria y directora de la Secretaría de Comunicación de la CTA Autónoma. 

El Grupo Macri y la dictadura: el comienzo de la expansión

Entre principios de los 70 y principios de los 80, el holding multiplicó por siete la cantidad de empresas que controlaba, se benefició con la estatización de la deuda privada, consiguió numerosos contratos con el Estado y adquirió firmas emblemáticas como Fiat-Sevel.

Entre 1976 y 1983, el Grupo Macri multiplicó la cantidad de empresas que controlaba. En ese período, además, consiguió licuar cientos de miles de dólares de deuda gracias a los denominados “seguros de cambio” implementados por el Banco Central bajo la administración de Domingo Cavallo, que significaron la estatización de los pasivos de los privados que, en su mayoría, fueron cómplices del terrorismo de Estado. Pero, sobre todo, fue en esos años cuando el holding de Franco y Mauricio Macri se convirtió en contratista del Estado, a través de SOCMA, y adquirió Fiat-Sevel, otra de las firmas emblemáticas del holding.

“La fracción diversificada de la oligarquía pampeana ejerció la conducción del Estado y para asegurar su hegemonía ubicó a sus intelectuales orgánicos en puestos clave de la estructura de gobierno”, afirma el economista y doctor en historia Eduardo Basualdo en su texto “El legado dictatorial”, que integra el libro Cuentas Pendientes de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky (2013). Según Basualdo, algunos de los grupos económicos que ejercieron el control del Estado durante el proceso que comenzó en 1976 (y culminó a fines de 2001) son Pérez Companc, Bridas, Acindar, Techint, Arcor, Loma Negra, Clarín, Macri, Bemberg y Bunge y Born.

En ese período, que se caracterizó por la transferencia de recursos del sector de los trabajadores al del capital financiero nacional e internacional, el conjunto de empresas que poseía Franco Macri y empezaba a administrar su hijo Mauricio comenzó su expansión y se convirtió en contratista del Estado, condición que sería a partir de allí su característica principal y la clave de su crecimiento años más tarde. Después de Pérez Companc, Macri fue el que más creció en cantidad de empresas bajo su control en el decenio 1973-1983: pasó de 7 a 47. 

Martín Schorr, en el mismo libro citado, señala que los grandes grupos beneficiados por el Gobierno de facto pasaron a detentar “una enorme capacidad para definir y condicionar la trayectoria de la economía nacional”, ya que intervenían en sectores clave como la energía, la metalmecánica, la alimentación y la construcción. Eso les confirió “una influencia determinante” en la evolución de variables macroeconómicas como nivel de precios, precios relativos, cuentas externas, inversión, ecuación fiscal y dinámica salarial, entre otras.

Todo para pocos

La dictadura, en palabras de Basualdo, “impuso una reestructuración de las empresas estatales en función de los intereses de los grupos económicos locales”. La denominada “privatización periférica” permitió que esa fracción del capital “se apoderara de una parte significativa de los ingresos de las firmas estatales”. No se trató, como en los noventa, de una transferencia de la propiedad de las empresas del Estado, sino de su explotación mediante contratos.

Un caso emblemático es el de YPF, la compañía estatal de mayor facturación del país en esos años, que entregó 21 áreas de explotación entre 1977 y 1980, por cuyo petróleo se pagó a los contratistas un precio superior a los costos originales de la empresa. Esas áreas pasaron a ser explotadas por grupos como Pérez Companc, Bridas y Astra, denominadas las “tres hermanas”, que recibieron doce de los veintiún contratos, y SOCMA, la nave insignia de los Macri, que recibió tres. Así lo cuenta el periodista Marcelo Bonelli en su libro Un volcán en llamas. Los contratos petroleros, de 1984.

Pero no fue la única decisión del Gobierno de facto que benefició al Grupo Macri.

Festival de deuda

Entre 1976 y 1983 el Estado otorgó avales para que un pequeño número de grandes empresas privadas accediera a créditos por casi 3 mil millones de dólares. Muchos de ellos fueron canalizados a través del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y, a pesar de las numerosas facilidades concedidas, resultaron imposibles de cobrar. De los 50 principales clientes (casi la mitad de la cartera del BANADE), solo seis estaban al día con el banco. Entre las firmas deudoras se encuentra SOCMA.

Pero el Estado también aportaría la solución a ese problema. A principios de los 80, con Cavallo al frente del Banco Central, se pondrían en marcha los denominados “seguros de cambio”, un mecanismo a través del cual se estatizaron pasivos millonarios de las grandes empresas privadas en perjuicio de las finanzas públicas. El sistema fue utilizado por los empresarios para licuar sus deudas fraguando autopréstamos y, en definitiva, fue uno de los motivos por los cuales la deuda externa pasó de cerca de 8 mil millones de dólares a comienzos de la dictadura a más de 40 mil millones al finalizar.

Los seguros de cambio eran una garantía por la cual, en medio de un contexto de fuerte devaluación del peso, el Estado les aseguraba a las empresas que en el momento en que tuvieran que pagar deudas les otorgaría dólares al valor del momento en que esa deuda había sido contraída. El Grupo Macri se apuró a hacerlo: había comprado Fiat-Sevel y necesitaba deshacerse de las deudas contraídas con la filial italiana. Esa gestión la hizo Ricardo Zinn, uno de los hombres clave en el crecimiento del holding.

Autos y basura

Macri, como presidente de Sevel, y Zinn, como vicepresidente, se reunieron varias veces con Cavallo en el Banco Central, según cuenta Gabriela Cerruti en El Pibe, la biografía no autorizada de Mauricio Macri que escribió en 2010. “La actitud de Cavallo fue expeditiva”, admitió el propio Franco, según consta en el libro de la hoy diputada nacional. Así fue como, en pocas semanas, el grupo logró licuar deudas por casi 700 millones de dólares: FATE (en asociación con Madanes) por 225.562.000, SOCMA por 148.578.000 y Fiat-Sevel por 170.578.000.

La asociación Grupo Macri-gobierno militar incluyó también la compra del Banco de Italia (que luego fue vaciado), la participación en la licitación de la empresa Yacyretá de la mano de empresas italianas, el acuerdo con el Gobierno de facto de Paraguay para la construcción del puente Posadas-Encarnación (en el que intervino el almirante Emilio Massera), la construcción de las centrales termoeléctricas de Río Tercero y de Luján de Cuyo y el jugoso contrato con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para la recolección de residuos con la empresa Manliba, acordado con el brigadier Osvaldo Cacciatore.

“En 1979 Manliba S. A. ganó la licitación para la recolección de basura. El que llamó a la licitación fue un ente llamado Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), creado pura y exclusivamente por el Gobierno militar para realizar esa licitación nacional e internacional”, cuenta Luis Majul en su libro Los Dueños de la Argentina. Según Majul, en 1982 Manliba contrajo una deuda externa de 3.902.000 dólares, que fue licuada también a través de los seguros de cambio de Cavallo.

El antecedente Panamá

Cuenta Cerruti en El Pibe que el 21 de diciembre de 1978, Fiat Concord modificó su objeto social: pasó de ser una automotriz a una empresa financiera, en línea con las prioridades del plan económico de la dictadura, que le permitió centralizar los intereses del grupo Fiat en Argentina.

El año siguiente, la empresa recibió dos préstamos por un total de dos millones y medio de dólares de la firma Marketing Management Services (MMS), radicada en Panamá, que era a su vez una empresa del grupo Fiat.

Los préstamos fueron aplicados a la integración de acciones de Fidemotor, otra empresa del grupo Fiat, con pasaje de la propiedad accionaria de Fidemotor a MMS. Dos años más tarde, a fines de 1981, la firma radicada en Panamá pasó a ser propietaria del 99,6% del capital de Fidemotor.

Luego de ese traspaso, MMS condonó deudas a Fiat Concord por 897.844 dólares. Toda la operación se encuadró dentro de la operatoria de seguros de cambio del Banco Central ideada por Cavallo.

EL PAIS DIGITAL

EMPRESAS – BANCOS y EMPRESARIOS argentinos y extranjeros beneficiados por la dictadura

La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.
Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, entre las firmas nacionales más importantes se encuentran Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citibank y Supervielle, entre otros.

La trama de esta operación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros y quedó en la nada.
Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma, del Grupo Macri, Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana, Renault, Cementos NOA SA y otras.
Para dejarlo en claro: Las DEUDAS de las empresas las absorbió el ESTADO, es decir TODOS NOSOTROS.

Principales beneficiados:

01 – Cogasco SA 1.348.000.000
02 – Autopistas Urbanas SA 951.000.000
03 – Celulosa Argentina SA 836.000.000
04 – Acindar SA 649.000.000
05 – Banco Río 520.000.000 06 – Alto Parana SA 425.000.000
07 – Banco de Italia 388.000.000
08 – Banco de Galicia 293.000.000
09 – Bridas SA 238.000.000
10 – Alpargatas SA 228.000.000
11 – CitiBank 213.000.000
12 – Cía. Naviera Perez Companc 211.000.000
13 – Dalmine Siderca 186.000.000
14 – Banco Francés 184.000.000
15 – Papel De Tucumán 176.000.000
16 – Juan Minetti SA 173.000.000
17 – Banco Mercantil 167.000.000
18 – Aluar SA 163.000.000
19 – Banco Ganadero 157.000.000
20 – Celulosa Puerto Piray 156.000.000
21 – Banco Crédito Argentino 153.000.000
22 – Banco Comercial del Norte 137.000.000
23 – Banco de Londres 135.000.000
24 – Banco Tornquist 134.000.000
25 – Banco Español 134.000.000
26 – Sade 125.000.000
27 – Sevel 124.000.000
28 – Banco de Quilmes 123.000.000
29 – Parques Interama 119.000.000
30 – Cía. De Perforaciones Río Colorado 119.000.000
31 – Swift Armour 115.000.000
32 – IBM 109.000.000
33 – Banco Sudameris 107.000.000
34 – First National Bank Of Boston 103.000.000
35 – Astra A Evangelista SA 103.000.000
36 – Mercedes Benz 92.000.000
37 – Banco De Crédito Rural 92.000.000
38 – Deutsche Bank 90.000.000
39 – Industrias Metalúrgicas Pescarmona 89.000.000
40 – Banco Roberts 89.000.000
41 – Banco General de Negocios 87.000.000
42 – Alianza Naviera Argentina 82.000.000
43 – Propulsora Siderúrgica 81.000.000
44 – Ford 80.000.000
45 – Astilleros Alianza SA de Construc. 80.000.000
46 – Masuh SA 80.000.000
47 – Continental Illinois National Bank 76.000.000
48 – Banco Shaw 73.000.000
49 – Pirelli 70.000.000
50 – Deere and Company 69.000.000
51 – Cemento Noa 67.000.000
52 – Banco Supervielle 65.000.000
53 – Alimentaria San Luis 65.000.000
54 – Loma Negra 62 .000.000
55 – Selva Oil Incorporated 61.000.000
56 – Macrosa 61.000.000
57 – Sideco Argentina 61.000.000
58 – Chase Manhattan Bank 61.000.000
59 – Bank Of America 59.000.000
60 – Astra Cía. Argentina de Petroleo 59.000.000
61 – Deminex Argentina 57.000.000
62 – Industrias Pirelli 56.000.000
63 – Esso 55 La Penice S A 53.000.000
64 – Manufactures Hanover Trust 53.000.000
65 – Petroquímica Comodoro Rivadavia 52.000.000
66 – Cia General Fabril Financiera 52.000.000
67 – Panedile Argentina 51.000.000
68 – Fiat 51.000.000
69 – Banco Pcia. de Buenos Aires 50.000.000
Otros 11.116.000.000
TOTAL: u$s 23.000.000.000

Omar Muzzio

By editor

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