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CAUSA: Compra de trenes a España y Portugal

Causa Nro. 5406/2013 caratulada: “…Principal en Tribunal Oral TO5 – Imputado: De Vido,
Julio Miguel y otros s/defraudación contra la administración pública” en trámite por ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 integrado por los Sres. Jueces Julio Panelo,
Fernando Canero y Ricardo Basílico.

Buenos Aires, 01 de abril de 2022.-
Luego de que los Sres. Jueces dieran lectura al veredicto dictado en el marco de la causa
Nro. 5406/2013 comunmente denominada !Compra de trenes a España y Portugal” por medio
del cual se dispuso condenar al Arq. Julio Miguel De Vido a las penas de 4 años de prisión,
inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de las costas del
proceso, consideramos necesario formular una serie de precisiones sobre lo sucedido para
el conocimiento de la opinión pública.
En primer lugar, sin perjuicio de que esperaremos a la publicación de los fundamentos
cuya fecha fue fijada para el día 2 de junio del corriente año, nos encontramos ya en
condiciones de adelantar que, oportunamente, la sentencia será recurrida por esta parte a
los fines de que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la sentencia dictada en el
marco de este juicio que desde su comienzo se ha desarrollado de una forma vergonzante y
contraria a los principios rectores de cualquier Estado de derecho.
Debemos recordar que hemos llegado a esta instancia en función del dictamen formulado
por el Fiscal Delgado por medio del cual consideró concluida la instrucción y requirió la
elevación a juicio del Arq. Julio De Vido sin haber podido determinar, no solo el hecho por
el que se lo acusaba sino también sin haber podido acreditar la participación de nuestro
asistido.
Se sometió a Julio De Vido a un proceso que duró mas de 3 años, en el que concurrió un
conglomerado de causas en las que nada tenía que ver (muchas de las cuales estaban
prescriptas), con múltiples imputados y bajo la intervención de magistrados que, solicitaron
acceder a su jubilación para luego volver al ejercicio de la magistratura al único efecto de
terminar con su tarea en este juicio.
La fiscal de juicio, la Dra. Baigún, lejos de superar las falencias de la acusación formulada
por el Dr. Delgado las agravó, sin poder en ningún momento, acreditar ninguno de los
extremos necesarios para fundar el conocimiento -y mucho menos- la participación concreta
de Julio Miguel De Vido en los hechos por los cuales se requirió su elevación a juicio.
La totalidad de la producción probatoria de este debate se llevó a cabo de forma virtual
y con la conformación de un tribunal que, en instancias previas a tomar la decisión final, fue
integrado con un cuarto Juez que es quien finalmente suscribe el veredicto, sin haber
intervenido plenamente en el desarrollo del debate. No presenció la totalidad de las
audiencias, no participó en el examen de los testigos y al igual que otros Jueces del tribunal
y la representante del Ministerio Público Fiscal, en múltiples ocasiones, se los registró
atendiendo asuntos ajenos a la causa en pleno desarrollo de las audiencias testimoniales.
Todos hechos que, de haberse llevado a cabo de la manera que ordena el código procesal
vigente, no habrían tenido lugar.
Es de esta manera que, nuevamente, nos enfrentamos a un nuevo avasallamiento del
Estado de derecho por parte de los Magistrados y el Ministerio Público Fiscal del Fuero
Federal cuyo resultado es la imposición de una condena contra el Arq. Julio Miguel De Vido
basada únicamente en el hecho de haber sido Ministro de Estado durante el periodo 2003-
2015 y por su intervención en actos protocolares que estaban dentro de sus funciones. Esta
responsabilidad objetiva a la que se recurre -que está vedada para el derecho penal- y en
relación a actos políticos no judiciables, son solo una razón mas que, conjuntamente con el
resto de las irregularidades y arbitrariedades denunciadas, harán a la necesidad que este
fallo sea revocado en la instancia de revisión.
La sentencia dictada en el día de hoy es una demostración más de un sistema de justicia
del cual emanan decisiones irresponsables, sin ninguna justificación fáctica, ni jurídica y esto
no solo es responsabilidad de los jueces que intervienen directamente en estas decisiones
inadmisibles, sino también de los otros poderes que acompañan la construcción del Estado
de derecho, que son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que, hasta la fecha, poco han
hecho por mejorar el nivel de una justicia que está absolutamente en crisis.—

Dr. Maximiliano A. Rusconi y H. Gabriel Palmeiro,
abogados defensores del Arq. Julio Miguel De Vido.—

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