Un fallo judicial reavivó una causa que parecía olvidada: la que investigaba las responsabilidades políticas en la recordada triple fuga de General Alvear, ocurrida el 27 de diciembre de 2015. Casi seis años después, la Justicia de Azul dictó el sobreseimiento de un ex secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense que estaba acusado de facilitar el escape de prisión de los hermanos Cristian y Martín Lanatta, y de Víctor Schillaci, y descubrió además que una jueza de Ejecución Penal adulteró documentos públicos para cargar responsabilidades en el gobierno de Daniel Scioli.
La triple fuga fue el primer gran escándalo que debió enfrentar María Eugenia Vidal. La evasión de los tres condenados a perpetua como autores materiales de los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina provocó una crisis impensada en el macrismo, a pocos días de asumir.
Lejos de reconocer sus errores, la administración de Vidal responsabilizó a los funcionarios salientes, una estrategia que repetirían luego a lo largo del mandato. Para hacerlo creíble, adulteraron un oficio judicial y montaron una operación de prensa para instalar que las autoridades del penal, con la anuencia de los responsables del Ministerio de Justicia de Buenos Aires, habían desoído una orden de la Justicia y retirado por su cuenta las cámaras de seguridad que supuestamente debían monitorear a los tres detenidos las 24 horas.
El 30 de diciembre de 2015, mientras transcurría la triple fuga, la jueza de Ejecución de Mercedes, Marcela Otermín, elevó un informe a la fiscalía asegurando que el 5 de agosto de 2015 había pedido dos medidas como resguardo de los detenidos: custodia armada en el pabellón –algo que está prohibido en los sectores de alojamiento de internos por razones de seguridad y que nunca ocurrió– y circuito de videovigilancia permanente. Ahora, la Justicia demostró que ese pedido nunca había sido formulado.
La protección a los condenados por el triple crimen de General Rodríguez estaba directamente relacionada con las fuertes declaraciones que el 2 de agosto del mismo año había realizado Martín Lanatta en el programa PPT, por la supuesta complicidad de funcionarios kirchneristas en el tráfico de efedrina –entre ellos Aníbal Fernández, por entonces candidato a gobernador por el Frente para la Victoria–, una denuncia que finalmente la Justicia terminó desestimando.
La supuesta sustracción de las cámaras en el sector del penal donde estaban alojados los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci instaló rápidamente la hipótesis de una desidia absoluta en el penal de Alvear y fogoneó la idea de una complicidad de las autoridades salientes para favorecer la increíble fuga de los detenidos.
Con el documento de la jueza Otermín, cargaron responsabilidades en la ex jefa del SPB, Florencia Piermarini, que había renunciado a su cargo antes de producirse la triple fuga, y el ex secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, César Albarracín, a punto de asumir como fiscal adjunto de Casación, y descabezaron a toda la cúpula penitenciaria.
Mediante un decreto firmado el 21 de enero de 2016, la ex gobernadora Vidal suspendió la jura de Albarracín y no dejó que asumiera su nuevo cargo en la Justicia, por el que había concursado. “Se sucedieron un conjunto de circunstancias objetivas de público conocimiento que motivaron el inicio de actuaciones sumariales, en las que aparece involucrado Albarracín en presuntas conductas ilegales y/o delictivas”, decía la normativa.
Casi seis años después, ya con Vidal fuera del poder, el juez de garantías Juan José Suárez dictó el sobreseimiento de Albarracín al entender que había sido víctima de una causa armada. En la resolución, a la que tuvo acceso PERFIL, el magistrado señaló que la jueza Otermín “eliminó por sí o por tercera persona el documento público que se encontraba glosado a fojas 256 que ordenaba el alojamiento de Martín y Cristian Lanatta en el pabellón 10, sector 1, de la Unidad 30 de General Alvear, extremando las medidas de seguridad del caso, asegurándole al detenido los derechos que consagra el art. 9 de la ley 12.256”, confeccionando un nuevo documento parcialmente falso, con el mismo texto que el anterior, y agregando la frase “con guardia armada permanente las 24 horas del día y monitoreo continuo con cámara de seguridad”.
Según el magistrado, esa orden “no estaba contenida en el documento original –el cual fue reemplazado en el expediente por este segundo documento falso, respetándose la foliatura del original–, ocasionando de esta manera perjuicio no solamente hacia la fe pública, sino además en el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, ante la posibilidad de enfrentar cargos judiciales y/o administrativos por el presunto incumplimiento de una orden judicial”.
Un caso que mantuvo en vilo al país
Robaron autos y camionetas. Balearon a dos policías que intentaron identificarlos en una ruta desolada de la provincia de Buenos Aires. Tomaron rehenes y se tirotearon con gendarmes.
Durante la última semana del año 2015 y la primera de 2016, en Argentina no se hablaba de otra cosa que de la triple fuga protagonizada por los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y su amigo Víctor Schillaci, tres condenados a prisión perpetua por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Más de mil policías se abocaron a la búsqueda, que tuvo ribetes insólitos, como el falso anuncio de las capturas que difundió desde su cuenta de Twitter el por entonces presidente Mauricio Macri, y que después tuvo que salir a desmentir.
El papelón fue tan grande que hasta la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, amagó con renunciar. Finalmente, el 11 de enero de 2016 fueron capturados en un pueblo santafesino llamado Cayastá.
Martín Lanatta siempre dijo que “la fuga fue armada” y que “los guardias y superiores” los “equiparon para poder escapar”. Por este caso, la Justicia los acusó de cuatro delitos y los condenó a penas de entre siete y diez años de cárcel, que se sumaron a la prisión perpetua que los tres ya tenían por el triple crimen de General Rodríguez.