Spread the love

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.

¿QUÉ EMPRESAS FUERON PARTE DEL GENOCIDIO?

La dictadura fue cívico-militar. El golpe del 24 de marzo de 1976 fue planificado entre múltiples sectores de poder. Entre ellos, y fundamentalmente, los sectores empresarios tuvieron un alto grado de responsabilidad y participación en el genocidio. Muchas empresas han estado involucradas en los secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores. Ford, Mercedes Benz, Las Marías, Ledesma, La Veloz del Norte y Molinos Río de la Plata son algunas de las empresas que integran esta lista. (Foto de portada: La Tinta)

Muchas empresas fueron partícipes de la dictadura cívico-militar. No solo fueron cómplices del exterminio sino que en muchos casos fueron responsables directas de los secuestros, torturas y desapariciones de centenares de trabajadores. Frente a la organización de los obreros, la dictadura fue la excusa para eliminar los derechos, “ordenar” las fábricas, instalar centros clandestinos dentro de las plantas y realizar secuestros a la vista de todos sus trabajadores a modo de disciplinamiento.

En el siguiente listado, recopilado en el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”*, se encuentran las 25 principales empresas nacionales y filiales de compañías internacionales radicadas en el territorio argentino que están involucrados en secuestros, torturas y desapariciones. Estas empresas están implicadas en violaciones de Derechos Humanos contra más de 900 víctimas del terrorismo de Estado, dentro de las cuales 354 se encuentran desaparecidas y 65 fueron asesinadas. La mayoría eran trabajadores activos en los procesos de conflicto y organización obrera.

La represión al interior del movimiento obrero llevada adelante por las fuerzas armadas durante la dictadura cívico-militar fue posible en el territorio de las fábricas porque las empresas participaron activamente proveyendo información, señalando a quienes debían eliminar y observando las torturas de sus trabajadores. Estas tareas fueron cruciales para el éxito militar. En muchos casos el accionar represivo se dio a partir del año 1974 o 1975 anticipando la brutalidad de los años siguientes. Estas empresas maximizaron sus ganancias a costa de la sangre de sus trabajadores.

Ingenio Concepción

Entre 1974 y 1983, la Compañía Azucarera Concepción fue la propietaria del Ingenio Concepción. Ése era el más importante de la provincia de Tucumán hasta la actualidad. Allí, al menos 26 trabajadores fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, de las que 21 aún se encuentran desaparecidas y, por lo menos, 11 habían integrado la comisión directiva y el cuerpo de delegados del sindicato que fue completamente descabezado mediante la represión. Por parte de la empresa se comprobó el aprovisionamiento de camionetas del Ingenio y el suministro de información para la represión y desaparición de los obreros. Esta situación, a la empresa azucarera, le permitió disminuir a la mitad la planta de trabajadores y lograr ganancias extraordinarias.

Ingenio La Fronterita

El Ingenio La Fronterita, propiedad de José Minetti & Cía. Ltda. SA, fue uno de los 16 ingenios azucareros que funcionó desde 1974 a 1983 en Tucumán. Al menos 25 obreros de la empresa sufrieron delitos de lesa humanidad desde 1974: dos fueron asesinados, nueve desaparecidos, 14 secuestrados y posteriormente liberados. Al menos siete habían integrado la comisión directiva y el cuerpo de delegados del sindicato. A su vez, Minetti y el administrador mandaron a secuestrar a un obrero. También, la empresa otorgó parte de la propiedad a las fuerzas armadas para que sea utilizada como centro clandestino de detención, con expreso conocimiento por parte de los administradores de que allí se torturaba y se mantenía cautivas a las personas. A su vez colaboraron en el señalamiento de obreros y proveyeron medios de transportes para los secuestros. Sumado a esto, la empresa aumentó considerablemente sus ganancias.

Ingenio Ledesma

Cientos de personas resultaron víctimas del terrorismo de Estado en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, en Ledesma, Jujuy. Por lo menos 60 personas eran empleados de la empresa, como operarios de fábrica o zafreros, o tenían un rol activo en los sindicatos. También docentes, médicos, abogados y estudiantes de dichas localidades fueron víctimas de la represión vinculadas a la compañía, debido al extendido dominio que Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (SAAI) había construido en la zona a lo largo de varias décadas. Más de 30 personas continúan desaparecidas. La compañía no solo colaboró activamente, sino que participó en la planificación de los hechos represivos. Numerosos testimonios y documentos dan cuenta de cómo directivos y altos empleados de Ledesma SAAI se involucraron en los secuestros de los trabajadores, algunos en la misma fábrica. También se señala el uso de camionetas de la compañía, además de las listas de personas a detener que fueron dadas por Ledesma.

Minera Aguilar

La compañía Minera Aguilar SA, de origen estadounidense, se instaló en la zona cordillerana argentina para realizar la extracción y explotación de minerales. Este usufructo estuvo marcado por los altos beneficios económicos para la empresa, sometiendo a los mineros y sus familias a inhumanas condiciones de vida. Ante esto, los trabajadores organizados realizaron dos huelgas históricas, la última en 1973 que fue conocida como el “Aguilarazo”. Sin embargo, a partir de marzo de 1976, durante la dictadura cívico-militar, se produjo la detención de, por los menos, 31 obreros en la mina, quienes fueron transportados con vehículos de la empresa a distintas dependencias de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Los directivos de la empresa proveyeron la información necesaria para garantizar dicho operativo.

La Veloz del Norte

La Veloz del Norte es una compañía de transporte automotor de pasajeros de Salta que ofrece recorridos provinciales, nacionales e internacionales. Entre 1973 y hasta el golpe de 1976, los trabajadores vivieron un proceso de conflictividad ascendente para elevar el piso de derechos y en protesta frente a despidos arbitrarios e injustificados. La situación no cambió y, a partir de 1976, al menos 22 trabajadores de La Veloz del Norte resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado pero ninguno de ellos está desaparecido. Todos fueron detenidos durante enero de 1977, llevados a una comisaria de la capital de Salta y sometidos a torturas. Luego, fueron liberados. La evidencia señala que la empresa manejaba un elevado nivel de información acerca de las detenciones y que tuvo una directa responsabilidad: hubo provisión de vehículos personales, micros, listados y galpones para la ejecución de los secuestros. Al no haber desaparecidos, hay testigos directos que denuncian la participación del dueño, Marcos Levín, y de personal jerárquico que presenciaron los secuestros y las torturas a los trabajadores.

Acindar

La empresa siderúrgica Acindar Industria Argentina de Aceros SRL instaló una segunda planta, en 1951, en la localidad de Villa Constitución. En 1974, la comisión interna se convirtió en uno de los exponentes más visibles del sindicalismo combativo a nivel nacional. Frente a esto, el gobierno nacional denunció la existencia de un complot subversivo y, el 20 de marzo de 1975, la ciudad fue ocupada por parte de un conjunto de fuerzas represivas. Este proceso es uno de los casos paradigmáticos de la represión a trabajadores antes del 24 de marzo de 1976. Casi 100 personas vinculadas con la empresa Acindar fueron víctimas de delitos de lesa humanidad: 18 fueron asesinados, ocho aún continúan desaparecidos y 69 estuvieron detenidos y luego fueron liberados. La empresa cedió medios de transporte y legajos personales de los trabajadores, permitió la militarización de la planta y la detención de trabajadores allí, y la instalación de un destacamento policial dentro de ella que fue usado como centro clandestino de detención. El presidente de Acindar en 1975 era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego se convirtió en Ministro de Economía desde marzo de 1976, demostrando así la fuerte vinculación de la empresa con las fuerzas militares.

Dálmine-Siderca

En los años ’70, la compañía de tubos de acero sin costura Dálmine-Siderca era una de las principales siderurgias integradas del país. Con la instalación del terrorismo de Estado, más de 80 trabajadores fueron secuestrados: 39 están desaparecidos, siete fueron asesinados y 34 son sobrevivientes. Además, 22 personas vivieron la represión antes del golpe de Estado de 1976. Muchos de ellos tenían militancia gremial y política y vínculos con organizaciones político-militares, y varios ejercían cargos formales como miembros de la comisión interna. La empresa organizó secuestros en la planta y fue partícipe del seguimiento de inteligencia de quienes resultaron víctimas. También, proveyó financiamiento para varios centros clandestinos que se conformaron en la zona de Campana y Zárate. Los mismos directivos instigaron o presenciaron secuestros de trabajadores.

Astilleros Astarsa y Mestrina

Astarsa y Mestrina eran los dos astilleros más grandes existentes en la zona norte del conurbano bonaerense a mediados de la década del ’70. En sus talleres se fabricaban grandes, medianas y pequeñas embarcaciones. Sus trabajadores protagonizaron unos de los capítulos más conflictivos, con tomas de fábricas y convergencia de reclamos obreros y organización armada. Con la llegada de la dictadura, al menos 51 de ellos sufrieron la represión empresarial-estatal. En total hay 10 asesinados, 21 desaparecidos y 20 liberados. La responsabilidad empresarial se pone de manifiesto al ocurrir detenciones en las fábricas incluso en presencia de directivos. A su vez, aportaron listados con los domicilios dado que otros fueron secuestrados en sus casas.

Lozadur y Cattaneo

Lozadur y Cattaneo eran dos de las fábricas más grandes de ceramistas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones de trabajo en la industria ceramista se caracterizaron por la extrema precarización, por eso hubo una ola de conflictos que comenzaron antes del 24 de marzo de 1976 y siguieron en 1977. Por ello, los obreros más activos fueron secuestrados. Al menos 16 trabajadores fueron detenidos durante el terrorismo de Estado: 14 están desaparecidos y dos fueron asesinados. Las pruebas señalan el conocimiento de ambas empresas acerca de las desapariciones y que pusieron a disposición distintos recursos para ejecutar la represión. Por otro lado, el Ejército se mantenía dentro de la fábrica amedrentando a los trabajadores en situaciones de conflicto laboral. Allí se llevó acabo el secuestro de obrers mientras ocupaban sus puestos de trabajo.

Ford

Ford es una de las empresas automotrices más importantes en el país. Durante la década del 70 se vio atravesada por la crisis del sector, mientras sus trabajadores fueron protagonistas en distintas jornadas de lucha. Se ha constatado la existencia de 37 víctimas que fueron empleados de la empresa en General Pacheco, represión centrada particularmente en el cuerpo de delegados. Del total de secuestrados, 24 trabajadores detenidos han señalado la participación de los directivos de Ford en los secuestros, detenciones y torturas. Además, en el mismo predio de la empresa se destinó el espacio del quincho como centro clandestino de detención: allí se alojaba y torturaba por varias horas a los delegados detenidos. Muchos testimonios señalan la fuerte vinculación que la empresa mantenía con fuerzas militares, así como el aporte de una lista de nombres de trabajadores, información y recursos logísticos al servicio del genocidio.

MAS INFO: Para trabajar el 24 de Marzo | CPM (comisionporlamemoria.org)

Omar Muzzio

By editor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: